Bien sabemos que los chilenos desconfían de sus instituciones, bien sabemos además que los chilenos en general son desconfiados -la confianza interpersonal es baja a nivel absoluto y comparado. ¿Hay algo en lo cual confíen mínimamente en los últimos años?
Es posible explorar ese tema usando los datos que entrega la base de datos del Informe de Desarrollo Humano 2015. Por un lado tenemos preguntas de confianza en instituciones. Por otro lado, tenemos preguntas sobre disposición a cumplir órdenes de autoridades aún cuando se esté en contra. Y en particular, se puede examinar la relación con tribunales (dado que en ambas series se pregunta por el mismo objeto). Los resultados de dicha comparación se presentan en el siguiente gráfico:
Confianza en Tribunales y Evaluación de deber acatar decisiones de Tribunales, incluso si no está de acuerdo (Escala 1 a 7)
Los datos nos muestran una clara mayor disposición a acatar las decisiones de los tribunales y la confianza en ellos. El gráfico muestra una distribución inversa (los valores más bajos son los más comunes para confianza, los más altos para acatar), que se refleja en sus promedios (3,2 y 5,2 respectivamente). También en el hecho que si bien menos del 10% de la población tiene alta confianza en tribunales (notas 6 y 7), un 44% tiene una alta disposición a acatar las decisiones. Un 70% de la población declara mayor disposición a acatar que confianza, y sólo un 11% tiene mayor confianza que disposición a acatar.
Aunque esta mayor confianza en la ley que en tribunales es algo que ocurre en todos los grupos sociales, tiene sentido preguntarse ¿quienes son los que más importancia le dan a esta preocupación por la ley? El grupo C2 (donde el 81% acata más que confía en tribunales) y las personas de mayor edad (en los mayores de 65 años nuevamente se alcanza esa cifra de 81%) es donde más fuerte es dicha tendencia, aun cuando enfatizamos de nuevo que es transversal. Sin embargo, no deja de ser interesante que sean en las clases medias antiguas (o sea, personas de clase media de mayor edad) donde esa tendencia sea mayor -el núcleo simbólico del Chile pre-dictadura.
¿Qué implican los anteriores datos? Una posible interpretación es que la confianza en la ley, en el hecho institucional de la ley, que se traduce en el deber de cumplirla es el tipo de confianzas que sigue existiendo en el país. Mientras la confianza en los actores institucionales -los tribunales en el ejemplo, que son quienes toman las decisiones judiciales- decae hasta casi la inexistencia, el valor de la ley sigue -si bien no tenemos datos para decir incólume- más bien alto.
En este punto podría ser relevante tomar en cuenta que la idea de democracia está íntimamente asociada con el dominio de la ley: La expresión inglesa rule of law lo dice directamente, y la idea que es la ley quien gobierna y no los hombres algo que aparece con mucha fuerza en las polis griegas clásicas. En algún sentido, lo que la sociedad chilena demanda es precisamente ese desideratum democrático básico: que sea la ley la que mande.
Quienquiera que intente reconstruir confianzas podría partir de ese hecho: Que lo que de ella subsiste es efectivamente en el mandato impersonal y general del gobierno de la ley.
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